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La brecha de la desigualdad se amplía en Latinoamérica

La desigualdad crece debido al desmesurado crecimiento de las ciudades y el afán por promover la economía privada se han convertido en una bomba de relojería para los derechos básicos de las comunidades más pobres de Latinoamérica.

La voracidad de la economía está arrasando con los derechos de miles de personas que emigraron a las ciudades para mejorar sus condiciones de vida. No sólo no han visto cómo ha mejorado su situación, sino que el avance de un sistema económico sin escrúpulos está abriendo, cada vez más, la brecha de la desigualdad entre quienes habitan las ciudades. Cuanto mejor es un servicio educativo o médico, por ejemplo, más lejos queda de los 124 millones de personas en situación de pobreza que rodean los núcleos urbanos de Latinoamérica.

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La migración de las zonas rurales llevó a miles de personas de las regiones latinoamericanas hasta las ciudades a mediados del siglo pasado. De hecho, se estima que actualmente ocho de cada diez ciudadanos de esta zona viven en núcleos urbanos, considerados en la actualidad los más urbanizados del planeta. La creciente demanda de servicios públicos que llevó aparejado este aumento de la población, y contra toda lógica ética por respetar los derechos humanos, fue gestando el rentable negocio de los servicios públicos, que paulatinamente se fueron privatizando ante la incapacidad de los gobiernos por ofrecerlos.

La privatización agrava la desigualdad

La privatización de servicios básicos, como los sanitarios, ha ido progresivamente desmantelando el sistema público de prestaciones sociales. De modo que, como el estado los ofrece en menor medida, se ha abierto un gran campo de negocio para el sector privado, que deja fuera del alcance de las familias más empobrecidas determinadas coberturas básicas.

La privatización de servicios sanitarios o educativos agrava las diferencias entre los ciudadanos más pobres, que no pueden costeárselos, y está desatando la violencia

Se calcula que en la actualidad el 40% de los ingresos de Latinoamérica están en manos del 10% de los ciudadanos más ricos, mientras que los más desfavorecidos se ven obligados a repartirse únicamente el 1% de la riqueza que genera la región, lo que ha convertido a Latinoamérica en el área con mayores desigualdades del mundo.

Paralelamente a las diferencias sociales y económicas, se ha desatado la violencia. Tras las diferencias han aparecido elevados índices de peligrosidad, que convierten a los núcleos urbanos de esta zona en poco aconsejables en lo que a seguridad se refiere.

Otra perspectiva desde la que ver esta crudeza que se vive en las ciudades latinoamericanas: una de cada cuatro personas que reside en estos núcleos urbanos vive en situación de pobreza, pese a que estas localidades también acogen a 15.000 multimillonarios.

Cada vez más brecha

También desigualdad médica. ¿Cuánto cuesta el servicio médico en las ciudades latinoamericanas? Depende de su calidad. Cuanto mejor sea la atención, más cara resultará, lo que impide a los sectores más empobrecidos acceder en igualdad de condiciones a aquellos servicios que requiere una calidad de vida aceptable. Muchos ciudadanos latinoamericanos ni si quiera pueden acceder al más básico.

Por tanto, más preocupante que las desigualdades referidas a los ingresos, se encuentran las referidas a los servicios sociales y que derivan, inevitablemente, en diferencias que se van transmitiendo de generación en generación. Las familias empobrecidas terminan legando a sus hijos esas desigualdades, lo que convierte al sistema en un bucle del que gran parte de la población no puede salir.

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También esigualdad en necesidades básicas. Los estados, por su parte, tampoco se presentan como responsables subsidiarios de las necesidades básicas de las 124 millones de personas en situación de pobreza. Los gobiernos se mantienen inactivos ante las dificultades de miles de sus ciudadanos para acceder a servicios como el agua potable o el acceso a tierras agrícolas.

Ante la desmesura del problema, entonces, ¿cuál es la salida a esta injusta situación?

En primer lugar, la concienciación que deben adquirir los estados en torno a las condiciones de igualdad de todo ser humano y el compromiso por garantizar a toda la población, también la de los asentamientos urbanos, sus derechos básicos. En segundo lugar, la promoción de los servicios públicos, aunque ello implique apartar el devorador negocio que hace el sector privado de las prestaciones más básicas.

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No obstante, e independientemente de la complejidad que implican estas soluciones, son imposibles de impulsar sin la firme convicción de que ningún ser humano merece, independientemente del lugar en que haya nacido, estar sometido a las condiciones que impone la desigualdad.

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