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Haitianos sin nacionalidad en la República Dominicana
Solidaridad

La República Dominicana deja sin nacionalidad a descendientes haitianos

Miles de residentes en la República Dominicana se han visto desprovistos de la nacionalidad por la banal circunstancia de ser descendientes de familias haitianas.

Una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, ha arrebatado, de manera retroactiva, la nacionalidad y los derechos humanos a miles de personas que venían adquiriéndola desde hacía casi un siglo. Muchos de estos ciudadanos afectados habían nacido en este país del Caribe, eso sí, el hecho de proceder de padres haitianos parece justificar ahora el atropello a sus derechos.

Hasta la emisión de esta injusta sentencia en 2013, para otorgar la nacionalidad dominicana el estado no atendía a criterios lingüísticos, raciales o históricos, como ahora sí avala la sentencia. Actualmente el hecho de haber nacido en la República Dominicana, por ejemplo, no es un criterio válido para ser dominicano, queda anulado en el caso de tener ascendencia haitiana.

Sin nacionalidad ni derechos

La retirada de la nacionalidad a los ciudadanos que la habían adquirido supone un atropello a sus derechos y la discriminación legitimada por cuestiones de raza o de origen familiar

Por esta razón, ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas que vela por la situación de refugiados y apátridas, sitúa a la República Dominicana entre los cinco países del mundo con mayor cantidad de apátridas. Esta cifra ha crecido, sobre todo, por el efecto retroactivo de retirada de la nacionalidad que contempla la decisión del tribunal.

Ante la legitimación que supone por parte de la administración dominicana la discriminación por cuestiones de raciales o de origen familiar, pese a que el derecho internacional prohíbe expresamente las distinciones fundamentadas en aspectos racionales y pese a las voces de alarma que han lanzado organismos internacionales, numerosos haitianos se encuentran diariamente con las barreras que les impone su situación administrativa. Cada día viven situaciones que arrollan sus derechos humanos y los deja sin posibilidad legal de protestar por ello y reivindicarlos.

No resulta extraño en la República Dominicana que, por el color de la piel, te impidan subir al transporte público, aunque el discurso oficial del gobierno niegue la existencia de acciones discriminatorias en este territorio. Las autoridades dominicanas alegan que los nuevos apátridas pueden recurrir al país de origen de sus familias, Haití en la mayoría de los casos, para reclamar su nacionalidad, pero la realidad es otra y hace casi imposible esta maniobra.

Antes de la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, podían adquirir la nacionalidad aquellas personas nacidas en el país, independientemente de cuál fuera el origen de sus familias.

La injusta actitud de la Administración

En cambio, la situación en que han quedado desde 2013 miles de haitianos resulta preocupante, no sólo desde el punto de vista humano y moral, sino desde el administrativo. ¿Cómo puede eximirse un estado de la violación de miles y miles de derechos humanos? ¿Cómo es posible que una administración pública sea incapaz de respetar los derechos básicos de los ciudadanos? No hay respuesta porque la pregunta es incomprensible.

Ya en 2007, representantes de Naciones Unidas que visitaron este país del Caribe, constataron en su informe el problema de discriminación en el país, que sobre todo afectaba a la población negra y, en especial, a las personas de procedencia haitiana. Desde entonces la situación no ha hecho más que agravarse y restar más dignidad a miles de personas de origen haitiano, a las que las circunstancias les han llevado a situar en la República Dominicana su lugar de residencia.

Todo apunta a que la protesta de la comunidad internacional y el compromiso social es la única vía para agitar la conciencia del gobierno haitiano y moverlo así a la rectificación de esta injusta situación.

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